Actualidad
Nota de Prensa Conjunta.
Las patronales del sector de la discapacidad alertan de un aumento del 17% en costes salariales por la modificación del régimen de compensación y absorción de complementos en el SMI
- El conjunto de organizaciones advierte de que la nueva normativa sobre el SMI y la modificación del régimen de compensación y absorción comprometen la sostenibilidad de los servicios y el empleo de personas con discapacidad si no se ajusta la financiación pública.
La Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS), la Federación Empresarial Española de Centros Especiales de Empleo (FEACEM), la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE), Educación y Gestión (EYG) y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) manifiestan su preocupación por el fuerte impacto que tendría la aplicación del Real Decreto de transposición de la Directiva (UE) 2022/2041 y los cambios previstos en el régimen de compensación y absorción. Las entidades estiman que esta normativa supondría un incremento medio del 17% en los costes salariales, un aumento imposible de asumir con los actuales sistemas de financiación pública.
Un sector intensivo en empleo y sin margen de adaptación
Las organizaciones recuerdan que la atención a personas con discapacidad, la educación especial y el empleo protegido dependen de estructuras laborales amplias y altamente especializadas. En un sector intensivo en empleo, cuyos ingresos proceden mayoritariamente de conciertos, contratos y subvenciones públicas que no se actualizan al ritmo de las obligaciones salariales, la nueva normativa generaría tensiones que comprometerían la viabilidad de los centros, la estabilidad de los profesionales y la continuidad de servicios esenciales.
Las patronales advierten de que esta situación, además, afectaría directamente al empleo de las personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo de iniciativa social. Incrementos de costes de esta magnitud, sin medidas de acompañamiento, reducirían la capacidad de las entidades para mantener y generar puestos de trabajo inclusivos.
La reforma planteada se produce en un momento en el que el sector de atención a la discapacidad afronta una situación especialmente compleja, con dificultades para cubrir vacantes, retener talento y hacer frente al aumento generalizado de costes. Esta coyuntura, agravada por la falta de actualización en la financiación pública, pone en riesgo la viabilidad de los servicios esenciales para las personas con discapacidad.
Propuestas para una aplicación viable de la normativa
Las patronales comparten el objetivo de mejorar las condiciones laborales, pero subrayan que estas mejoras deben aplicarse de forma compatible con la sostenibilidad de los servicios y con la protección del empleo de las personas con discapacidad. Por ello, consideran imprescindible que la transposición de la Directiva (UE) 2022/2041 y el nuevo régimen de compensación y absorción incorporen mecanismos de adaptación, respeten la negociación colectiva y garanticen una financiación acorde con el impacto real de la normativa.
De lo contrario —advierten— las medidas podrían generar efectos contrarios a los objetivos de inclusión, provocando el deterioro de los apoyos, la reducción de servicios y la pérdida de empleo protegido.
FEACEM celebra la aprobación de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social y su definición clara del ecosistema de la Economía Social
La Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM) valora muy positivamente la aprobación definitiva de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social y, en concreto, la modificación de la propia Ley de Economía Social, al establecer un perímetro inequívoco del sector, mejorar la coherencia normativa y reforzar el modelo de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social.
Madrid, 26 de marzo. – La Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM) celebra la aprobación de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social y, en concreto, la modificación de la propia Ley de Economía Social, una demanda histórica del sector que aporta seguridad jurídica, coherencia normativa y estabilidad a un modelo empresarial orientado al interés general y a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. La ley fija un perímetro inequívoco de la Economía Social, despeja dudas interpretativas y fortalece un marco que prioriza a las personas sobre cualquier otra consideración.
Entre otras cuestiones, la modificación de la propia Ley de Economía Social ordena el ecosistema de la Economía Social y define con precisión quién lo integra y por qué, reconociendo de forma expresa los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social como actores de la economía social al cumplir con sus principios orientadores. Este modelo de Centro Especial de Empleo carece de ánimo de lucro y reinvierte el 100% de sus beneficios en la creación y el sostenimiento de empleo para personas con discapacidad, garantizando que los recursos públicos destinados a la inclusión laboral se orienten de manera efectiva al interés general.
FEACEM subraya además que la nueva ley no solo no afecta negativamente al empleo de las personas con discapacidad, sino que lo refuerza, al proporcionar certidumbre a plantillas, estabilidad a la inversión social y reglas del juego claras para seguir generando empleo digno, estable y de calidad. A la vez, refuerza el reconocimiento institucional del modelo de iniciativa social, que fueron configurados mediante una modificación de la Ley de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social contemplada en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Desde su entrada en vigor, en el año 2018, las cifras demuestran que no ha habido destrucción de empleo de personas con discapacidad ni de centros especiales de empleo, sino todo lo contrario.
“Con esta ley, España da un paso adelante en el fortalecimiento de un modelo empresarial que ha demostrado sobradamente su impacto social y económico, que opera sobre unos principios claros en los que priman las personas y la reinversión integra de los beneficios para la generación de oportunidades laborales para las personas con discapacidad; es una norma que blinda la finalidad social reforzada de los CEE de iniciativa social y aporta certeza al conjunto del sector”, ha señalado el presidente de FEACEM, Daniel-Aníbal García, que ha recordado que los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, cuyo reconocimiento legal se remonta a una Ley del año 2017, reducen desigualdades y actúan como un pilar fundamental del Tercer Sector y de la Economía Social en su conjunto. “La ley cierra debates estériles y nos permite concentrarnos en lo esencial: crear y mantener empleo para las personas con discapacidad”, ha añadido.
La norma ha quedado aprobada en el Congreso de los Diputados tras el rechazo mayoritario de las enmiendas incorporadas en el Senado y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado
CEPES INSISTE EN QUE LA LEY INTEGRAL DE ECONOMÍA SOCIAL NO DESTRUYE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño ha explicado que “esta Ley no excluye a ningún modelo empresarial, ni destruye empleo, sino que ordena jurídicamente a las empresas y entidades de la Economía Social conforme a sus principios y valores recogidos en el artículo 4 de la Ley 5/2011”
- CEPES reitera la necesidad de que esta norma identifique y defina de manera expresa a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) como actores empresariales esenciales de la Economía Social
- El ordenamiento jurídico español reconoce desde 2017 la diferenciación entre los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) y los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial (CEEIE), mientras que los CEEIE desarrollan legítimamente su actividad con ánimo de lucro, los CEEIS carecen de ánimo de lucro y están obligados a reinvertir la totalidad de sus beneficios en su finalidad social principal, garantizando que la financiación y el apoyo público recibido se destina a su propósito social.
- Asimismo, no se desincentiva la contratación futura de personas con discapacidad, ya que los CEEIE seguirán teniendo acceso a los mecanismos de apoyo vigentes
- CEPES recuerda que no es cierto que la definición de los CEEIS incremente el gasto público. “Ya se ha demostrado que la inversión pública en estos centros genera un mayor retorno económico y social, al reducir costes sociales y aumentar los ingresos” explica Pedreño
Madrid, 16 de enero. – Tras su aprobación en el Congreso de los Diputados el pasado 9 de diciembre de 2025, el Proyecto de Ley Integral de Economía Social sigue su curso parlamentario con la reciente remisión al Senado continuando con el procedimiento legislativo.
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), como como máximo representante del sector en España, reitera la necesidad de que esta norma identifique y defina de manera expresa a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) como actores empresariales esenciales de la Economía Social, en coherencia con los principios recogidos en la Ley de Economía Social y con el marco jurídico vigente.
“La Ley Integral de Economía Social debe ofrecer seguridad jurídica y reconocer a aquellas entidades que cumplen de forma efectiva con los principios y valores de la Economía Social, garantizando su función de inclusión social y generación de empleo de calidad”, ha señalado el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño.
UNA DIFERENCIACIÓN RECONOCIDA DESDE 2017
El ordenamiento jurídico español reconoce desde 2017 la diferenciación entre los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) y los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial (CEEIE), una distinción avalada por la normativa vigente y por la jurisprudencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
La diferenciación radica en el rendimiento, mientras que los CEEIE desarrollan legítimamente su actividad con ánimo de lucro, los CEEIS carecen de ánimo de lucro y están obligados a reinvertir la totalidad de sus beneficios en su finalidad social principal: mejorar el acceso al empleo y las capacidades laborales de las personas con discapacidad, lo que les confiere una finalidad social reforzada.
NO HAY DESTRUCCIÓN DE EMPLEO NI EXCLUSIÓN DEL MERCADO
CEPES subraya que no es cierto que la delimitación de los CEEIS como entidades de Economía Social implique la desaparición de los CEE con ánimo de lucro ni la pérdida de empleo. Los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial existentes seguirán operando con normalidad. Asimismo, no se desincentiva la contratación futura de personas con discapacidad ya que los CEEIE seguirán teniendo acceso a los mecanismos de apoyo vigentes, incluidas las ayudas públicas para la contratación de personas con discapacidad, tal y como recoge la normativa actual.
“La Ley no excluye a ningún modelo empresarial, ni destruye empleo, sino que ordena jurídicamente a las empresas y entidades de la Economía Social conforme a sus principios y valores recogidos en el artículo 4 de la Ley 5/2011”, ha afirmado Pedreño.
Asimismo, la no mención explícita de los CEEIE en la Ley de Economía Social no implica en ningún caso y como se mencionaba anteriormente la destrucción de empleo, sino un reordenamiento jurídico necesario para delimitar el perímetro de la Economía Social conforme a sus principios y valores.
CEPES considera fundamental no equiparar en la Ley Integral de Economía Social dos modelos empresariales distintos, que operan guiados por principios y valores notoriamente diferenciados, y garantizar que los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social queden claramente enmarcados dentro de la Economía Social, en coherencia con su naturaleza, finalidad y función social.
CONTRATACIÓN PÚBLICA: UN MARCO YA REGULADO
En el ámbito de la contratación pública, la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ya establece la diferenciación jurídica entre CEEIS y CEEIE, reconociendo la reserva de contratos y lotes a favor de entidades con finalidad social reforzada, como los CEEIS y las empresas de inserción.
“Esta delimitación no supone ninguna restricción nueva, ya que los CEEIE pueden concurrir a la contratación pública en igualdad de condiciones con el resto de las empresas y beneficiarse de cláusulas sociales cuando cumplan los requisitos establecidos en los pliegos” aclara Pedreño.
EFICIENCIA ECONÓMICA Y LIDERAZGO SOCIAL
CEPES recuerda que no es cierto que la definición de los CEEIS incremente el gasto público. “Ya se ha demostrado que la inversión pública en estos centros genera un mayor retorno económico y social, al reducir costes sociales y aumentar los ingresos” explica Pedreño. La regulación de los CEEIS ha situado a España a la vanguardia en el fomento del empleo de las personas con discapacidad desde la Economía Social, consolidando un modelo empresarial que garantiza el cumplimiento efectivo de su misión social. En este sentido, el presidente de la Patronal de economía social española remarca que este sector de la actividad empresarial es un ejemplo incuestionable de que la inclusión laboral y la eficiencia económica no solo son compatibles, sino complementarias”.
La evolución reciente de las políticas europeas refuerza esta posición en la reciente Hoja de Ruta por el Empleo de Calidad (Quality Jobs Roadmap) de la Comisión Europea como su propio Estudio sobre los Modelos alternativos de empleo para personas con discapacidad publicado en abril de 2025 reconocen a las empresas que trabajan por la inclusión social (work integration social enterprises, WISEs) como proveedoras de empleo de calidad, plenamente insertas en la Economía Social y alineadas con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dichas iniciativas subrayan que estas empresas priorizan objetivos sociales —especialmente el empleo de personas con discapacidad— por encima del lucro, incorporan modelos de gobernanza participativa y garantizan la reinversión de beneficios, elementos que las distinguen claramente de las empresas de integración con ánimo de lucro. En este marco, los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social se incluyen en este marco, al cumplir con los mismos criterios europeos de finalidad social reforzada, participación de las personas trabajadoras y reinversión íntegra de excedentes.
Según reconoce la Comisión europea, tanto las WISEs como los CEEIS actúan además como catalizadores de competencia y de generación de empleo allí donde el mercado abierto no llega, aportando estabilidad, innovación social y retornos económicos que fortalecen la competitividad del conjunto de la economía. La propia Hoja de Ruta por el Empleo de calidad enfatiza el valor de las WISEs recomendado el apoyo a este tipo de empresas.
CEPES valora positivamente la tramitación del Proyecto de Ley que supone una base sólida sobre la que seguir construyendo, si bien considera necesario seguir trabajando para incorporar aspiraciones esenciales de la Economía Social que refuerzan su desarrollo y consolidación. En este sentido, confía en que la tramitación en el Senado y el posterior retorno al Congreso permitan avanzar hacia un mayor consenso político que haga posible introducir mejoras orientadas a potenciar su impacto social y económico.
Sobre CEPES
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) es la máxima institución representativa de la Economía Social en España, constituyéndose como una plataforma de diálogo institucional con los poderes públicos. Sus 34 socios cuentan con una base asociativa de más de 200 asociaciones en toda España. Son organizaciones nacionales o autonómicas y grupos empresariales, que representan los intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades, Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, Asociaciones y Fundaciones del sector de la discapacidad y de los Cuidados y Cofradías de Pescadores.
La Economía Social española, cuenta con 70.010 empresas y entidades de Economía Social, de las cuales, 38.932 son de mercado y 31.078 de no mercado, presentes en todos los sectores económicos con empresas de todos los tamaños desde multinacionales, pymes a pequeñas empresas, con marcas y líderes de prestigio. Dan empleo a 2.576.499 de personas, de los cuales, 1.966.738 son trabajos dentro de las empresas de Economía Social de mercado y 609.761 de no mercado, representando en total el 11,8% del empleo. Su facturación supone el 10% PIB de España y su nivel de asociacionismo es notablemente elevado, dado que 20.026.930 de personas están asociadas a alguna entidad de Economía Social española.
Comunicado de CEPES junto con ONCE, CERMI, FEACEM, AEDIS e IGUALIS, ante las fuerzas políticas con ocasión de la tramitación del Proyecto de Ley Integral de Economía Social
Con motivo de la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley Integral de Economía Social, CEPES, como máxima organización empresarial representativa de la Economía Social en España, junto con ONCE, CERMI, FEACEM, AEDIS e IGUALIS reiteran en este comunicado y ante las diferentes fuerzas políticas la necesidad de identificar y definir los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) como actores empresariales esenciales de la Economía Social.
Las patronales AEDIS, FEACEM, ANCEE, Escuelas Católicas y CECE y los sindicatos FECCOO y UGT Servicios Públicos reclaman a las Administraciones Públicas una financiación adecuada para los centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
Es imprescindible para garantizar una atención de calidad a las personas con discapacidad, respetando sus derechos y favoreciendo su desarrollo personal y social.
Madrid,3 de diciembre de 2024. Con motivo del Día Internacional de las personas con discapacidad que se celebra hoy, las organizaciones firmantes del XVI Convenio Colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad – AEDIS, FEACEM, ANCEE, Escuelas Católicas, CECE, FECCOO y UGT Servicios Públicos– queremos recordar que la atención a las personas con discapacidad debe ser una prioridad ineludible para nuestra sociedad y reclamamos a las administraciones competentes, tanto estatal como autonómicas, que actualicen la dotación presupuestaria que destinan a los centros y servicios especializados de atención a personas con discapacidad.
El reciente acuerdo alcanzado en el Convenio Colectivo ha supuesto una mejora de las condiciones laborales de miles de profesionales que trabajan en centros educativos, residenciales, ocupacionales, asistenciales y centros especiales de empleo. No obstante, este avance tiene que ir acompañado del compromiso inmediato de la financiación pública que sustenta estos servicios, tal que asegure la correcta aplicación del nuevo Convenio.
Actualmente, las administraciones no están asumiendo el coste real de los servicios de atención a la discapacidad, ya que los convenios, acuerdos marco y subvenciones a través de los cuales se conciertan estos servicios están desactualizados.
Por ello, reclamamos a las administraciones:
- La revisión y actualización de las dotaciones presupuestarias que garanticen la prestación de los servicios de atención a personas con discapacidad
- La adecuación de los precios plaza a la realidad económica actual, para que los centros puedan cumplir con las condiciones económicas y laborales del nuevo Convenio Colectivo
- Un sistema de financiación que permita la mejora continua de la calidad de los servicios y fomente la estabilidad y el reconocimiento del personal que trabaja en el sector
- La equiparación de la financiación de las plazas gestionadas por el sector de la discapacidad con las gestionadas por la propia administración. Este esfuerzo es fundamental para poder garantizar una atención adecuada y de calidad a las personas con discapacidad, respetando sus derechos y favoreciendo su desarrollo personal y social, así como para dignificar las condiciones laborales de las personas trabajadoras, que son el pilar fundamental de estos servicios.
En este 3 de diciembre, hacemos un llamamiento a los poderes públicos para que se comprometan a garantizar un sistema de atención a la discapacidad justo, sostenible y acorde a las necesidades actuales. Es hora de que la Administración reconozca el trabajo que el sector realiza en favor de estas personas y ofrezca los recursos necesarios para poder ofrecerles unos apoyos y una atención de calidad.