(Madrid, 29 de septiembre de 2017).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado este viernes la aprobación a nivel estatal de una nueva Ley de Inclusión laboral de las Personas con Discapacidad, “que en estos momentos es más necesaria que nunca, por la brecha que existe entre las personas con discapacidad y el resto de la ciudadanía a la hora de acceder al mercado de trabajo” y porque la legislación que existe en esta materia tiene más de tres décadas.
En estos términos se ha manifestado el presidente de la Comisión de Inclusión laboral del CERMI Estatal, Emilio Sáez, durante la ponencia impartida en el seminario ‘Hacia una Europa mejor: más empleo para las personas con discapacidad’, organizado por el CERMI Estatal en el marco de la convocatoria de proyectos ‘Hablamos de Europa’, que cuenta con la financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Emilio Sáez ha recordado que la tasa de actividad de las personas con discapacidad es únicamente del 38%, haciendo hincapié en la urgencia de adoptar medidas que sirvan para que en los próximos años esta cifra llegue al 50%, reduciéndose de esta manera la “gran diferencia” que existe con el dato global de la ciudadanía española.
Para la consecución de dicho objetivo, Sáez ha urgido a mejorar el nivel formativo de las personas con discapacidad, “muy inferior” al de quienes no tienen discapacidad. Además, ha lamentado que “todavía muchas empresas no cumplan la cuota mínima de reserva del 2% de puestos de trabajo para personas con discapacidad”, aunque se ha felicitado por que con la nueva Ley de Contratación Pública las administraciones no podrán contratar servicios con las compañías que no cumplan este mandato legal.
Del mismo modo, ha pedido que en la elaboración de la ley de Inclusión laboral de las Personas con Discapacidad se tenga en cuenta la voz de los centros especiales de empleo, en los que trabajan 19 de cada 100 personas con discapacidad que tienen trabajo. “Los centros especiales de empleo han hecho un importante esfuerzo para mantener e incrementar los puestos de trabajo durante los años de la crisis económica, por lo que son un instrumento imprescindible en la inserción laboral de las personas con discapacidad”, ha agregado el presidente de la Comisión de Empleo del CERMI.
Previamente, durante la inauguración, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, María Andrés, ha puesto de manifiesto la importancia de “trabajar para conseguir una Europa más social, algo en lo que creo que sí estamos mejorando, tras la crisis que vivimos en años anteriores, sobre todo en 2016”, haciendo alusión a la decisión de Reino Unido de salir de la UE y a la crisis humanitaria de las personas refugiadas.
En este sentido, ha señalado la relevancia del ‘Pilar Europeo de Derechos Sociales’, que en su opinión no se quedará “simplemente en el papel”, sino que servirá para afrontar retos como el progresivo envejecimiento de la población o la atención a las necesidades de los 80 millones de personas con discapacidad que residen en Europa. Así, ha explicado que ya se ha empezado a materializar en el Acta Europea de Accesibilidad que está tramitándose en estos momentos.
PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES
Por otra parte, durante la jornada se desarrolló la mesa redonda ‘El Pilar Europeo de Derechos Sociales y su repercusión en el empleo de las personas con discapacidad. La Visión desde las instituciones’, que ha estado moderada por Javier Güemes, director técnico de Relaciones Internacionales de la ONCE.
EN ella, la eurodiputada de la Confederación Izquierda Unitaria Europea Tania González, miembro suplente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, ha asegurado que “es muy importante que a lo largo de todo el texto del Pilar Social se haga referencia a las personas con discapacidad desde un enfoque de derechos humanos” y ha apuntado que su grupo ha “dado un voto de confianza” a esta iniciativa, aunque ha advertido de que no es compatible “con medidas que desmantelan el estado del bienestar”.
La implantación de un único modelo de educación inclusiva; impulsar la contratación de personas desempleadas de larga duración, atendiendo a los casos de discapacidad; garantizar ingresos mínimos que permitan vivir con dignidad a quienes se quedan fuera del mercado laboral, y que el Fondo Social Europeo siga siendo un instrumento que ayude a generar empleo para personas en situación de vulnerabilidad han sido otras cuestiones planteadas por la europarlamentaria española.
Por su parte, Miguel Ángel Cabra de Luna, consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), ha puesto en valor la importancia de este organismo comunitario, puesto que por ejemplo, en torno al 60% de sus propuestas son aprobadas por el Parlamento Europeo. Asimismo, ha destacado la presencia de miembros con discapacidad en este Comité.
De cara al pilar Europeo de Derechos Sociales, el Comité Económico y Social Europeo considera que la discapacidad debe engancharse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030”, ha agregado Cabra de Luna, al tiempo que ha manifestado su deseo de que este pilar “no quede en un mero juego de artificio”.
En representación de la Comisión Europea, Inmaculada Placencia ha declarado que esta institución “no puede implantar por sí sola todos los derechos del Pilar de Derechos Sociales, por lo que ha empezado a trabajar con el Consejo Europeo y la Eurocámara para movilizar conjuntamente a los Estados miembro y que estos derechos se plasmen en la realidad”.
Además, ha subrayado aspectos positivos que se recogen en el Pilar Social, como su dimensión inclusiva o que se tenga en cuenta no sólo a los padres con descendientes con discapacidad, sino a los progenitores que cuentan con dicho certificado independientemente de si sus hijos tienen o no discapacidad.
Por último, Stefan Trömel, director del Área de Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se ha congratulado de que “la percepción de la discapacidad ha cambiado, y a mucho mejor. Ha sido fundamental la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
“Nosotros en la OIT intentamos ser facilitadores del diálogo entre empresas, porque a las compañías muchas veces les llega más la experiencia de otra empresa que lo que pueda decirles una institución en lo que a la contratación de personas con discapacidad se refiere”, ha concluido Stefan Trömel.