CERMI elabora una guía práctica sobre los aspectos sociales en la contratación pública

26.03.18

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado una guía práctica sobre los aspectos sociales en la contratación pública, con pautas para orientar a las entidades del Tercer Sector Social, en especial el de las personas con discapacidad y sus familias, a determinar su comportamiento ante el fenómeno de la contratación pública, en su dimensión social.

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La guía responde al contexto establecido por la entrada en vigor, en noviembre de 2017, de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Esta Ley contiene diversas medidas para promover que en la contratación pública se tengan en cuenta los criterios sociales y, en especial, la inclusión social de las personas con discapacidad.

Muchos de los servicios sociales y de proximidad que son promovidos o financiados por las administraciones públicas y en concreto muchos de los que tienen como destinatarias a las personas con discapacidad, se instrumentan por la fórmula de la contratación pública. Asimismo, muchas de las entidades de ámbito social acceden a la contratación pública para prestar servicios a sus beneficiarios. Por todo ello, la contratación pública reviste un especial interés.

Las entidades sociales y también las Administraciones públicas licitantes, por lo tanto, han de conocer y saber aplicar el nuevo marco normativo en materia de contratación pública, para extraer de él todo el potencial social y de inclusión que la nueva Ley contiene, para de este modo avanzar en la extensión del bienestar de las personas.

La Guía, elaborada por CERMI, con el apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se ofrece como una herramienta útil, práctica y valiosa para todos los agentes y operadores con interés en la dimensión social de la contratación pública.